¿Qué implica la nueva ampliación del régimen?
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la 44ª extensión del régimen de excepción El Salvador, promovida por el partido oficialista Nuevas Ideas. La medida suspende temporalmente garantías constitucionales con el argumento de combatir pandillas, conocidas como “maras”. La ampliación mantiene restricciones sobre el derecho a la defensa, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y eleva la detención administrativa máxima de tres a quince días.
El gobierno sostiene que esta medida ha permitido reducir homicidios y liberar territorios controlados por pandillas. Sin embargo, organismos internacionales y la sociedad civil advierten que la suspensión de derechos puede afectar la presunción de inocencia y el control judicial sobre las detenciones.
¿Cómo afectan estas medidas a la población?
Según datos de la organización Washington Office on Latin America (WOLA), aproximadamente uno de cada diez detenidos bajo el régimen de excepción El Salvador podría ser inocente. Se han liberado cerca de 8,000 personas tras corroborarse que no tenían vínculos con pandillas.
Diversas organizaciones reportan que el régimen también se ha usado contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Amnistía Internacional documenta condiciones carcelarias severas, incluyendo hacinamiento, falta de atención médica y casos de tortura. Además, se han registrado más de 400 muertes en custodia estatal, muchas con signos de violencia, y más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos.
¿El régimen de excepción se vuelve permanente?
Expertos alertan que la medida, concebida como temporal, podría convertirse en un instrumento político de control social. La independencia judicial y la separación de poderes se han visto debilitadas, generando un posible retroceso democrático.
A pesar de estas preocupaciones, la medida mantiene altos niveles de apoyo popular, principalmente por la percepción de mayor seguridad. No obstante, la prolongación de la excepción genera un clima de miedo y autocensura entre la prensa, la sociedad civil y víctimas de abusos.
El presidente Bukele asegura que El Salvador podría mantener la seguridad sin esta medida, pero organismos internacionales consideran que no hay señales de que el régimen de excepción El Salvador se retire pronto ni que se restauren los derechos suspendidos.
La pregunta clave sigue siendo si el país optará por un modelo de seguridad a cualquier costo, sacrificando libertades fundamentales, o si logrará equilibrar protección ciudadana y respeto a los derechos humanos.
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