El Congreso de Argentina aprobó una nueva ley que limita el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. La medida obtuvo 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones en la Cámara de Diputados, después de haber recibido el visto bueno del Senado. Esta decisión representa un cambio importante en el equilibrio de poderes y podría afectar directamente la gestión del presidente Javier Milei, quien mantiene una minoría legislativa en ambas cámaras.
¿Qué cambios introduce la ley?
La normativa establece que todo decreto presidencial deberá contar con el respaldo del Congreso en un plazo máximo de 90 días. Si no obtiene la aprobación de ambas cámaras dentro de ese periodo, el decreto quedará automáticamente derogado. Además, con esta reforma, el rechazo de una sola cámara bastará para invalidarlo, cuando anteriormente se requería que Senado y Diputados coincidieran en su rechazo.
Para los legisladores opositores, esta medida busca frenar el uso excesivo del poder presidencial. El diputado peronista Miguel Ángel Pichetto explicó que “aun cuando tenga atribuciones legales, el Poder Ejecutivo no debe usarlas de manera desmedida e irrazonable, porque daña al sistema institucional”.
¿Por qué genera controversia?
Desde el oficialismo, la reacción fue inmediata. El diputado Nicolás Mayoraz, aliado del presidente Milei, afirmó que la ley es inconstitucional y que busca desestabilizar al Gobierno. Argumentó que limitar los DNU podría generar inseguridad jurídica y frenar las reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo.
Durante su mandato, Milei ha utilizado los decretos como herramienta clave para avanzar en su programa de ajuste fiscal y en la reducción del déficit público, una de las principales promesas de su campaña. Sin embargo, la nueva ley reduce considerablemente su margen de maniobra política.
¿Qué impacto podría tener?
La aprobación de esta ley ocurre a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio término, previstas para el 26 de octubre. En esa fecha se renovará un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Si el oficialismo no logra ampliar su representación, la capacidad de Milei para aplicar reformas estructurales podría quedar seriamente limitada.
Aunque el presidente aún podría vetar la normativa, el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso evidencia una creciente tensión política en Argentina. El debate en torno a los decretos refleja una pugna entre el control institucional y la necesidad de gobernar en tiempos de crisis económica.
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