Protesta masiva ante crímenes y extorsiones
Miles de trabajadores del transporte público en Lima realizaron un paro general para exigir medidas de seguridad ante el aumento de asesinatos y extorsiones. Desde temprano, caravanas de autobuses vacíos recorrieron las principales vías de la capital peruana con carteles que pedían “No más muertes” y mostraban retratos de compañeros asesinados.
De acuerdo con el Observatorio del Crimen y la Violencia, 180 transportistas han sido asesinados desde inicios de año. Las víctimas incluyen choferes, cobradores, taxistas y mototaxistas. Esta jornada marcó el noveno paro en lo que va de 2025, reflejando la desesperación del gremio.
El gobierno peruano suspendió las clases presenciales y dispuso la virtualidad para dos millones de estudiantes de Lima, ante los bloqueos y marchas que se extendieron desde los distritos periféricos hacia el centro de la ciudad.
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Miedo y reclamos entre los manifestantes
Entre los manifestantes, el temor y la indignación se hicieron evidentes. Margot Ortega, cobradora y madre de dos hijos, relató que fue golpeada por la policía mientras participaba en la protesta. “Marchamos por nuestra vida”, declaró con voz firme. Dijo temer por su seguridad y la de su pareja, quien también trabaja como chofer.
Los extorsionadores exigen pagos diarios a los conductores, bajo amenaza de muerte. Según la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, el 80% de las empresas del sector en Lima paga dinero a grupos delictivos para evitar ataques. En algunos casos, las compañías deben entregar dinero a cinco bandas diferentes.
El domingo, un chofer de 59 años fue herido de bala en San Juan de Lurigancho, mientras que el sábado un conductor venezolano de 33 años murió tras recibir cinco disparos frente a sus pasajeros. Los hechos agravaron la tensión social en la capital.
Respuesta del gobierno y aumento del crimen
La presidenta Dina Boluarte aseguró que su administración trabaja “sin descanso” para mejorar la seguridad ciudadana. Sin embargo, pidió a los transportistas evitar los paros, argumentando que no resolverán el problema. También instó a denunciar los mensajes de extorsión y no responder a ellos.
Los datos oficiales muestran una situación crítica. Entre enero y agosto se registraron 18.385 denuncias por extorsión, un aumento del 29,3% respecto al año anterior. Además, el país contabilizó 1.511 asesinatos, un 13% más que en 2024.
Las autoridades reconocen que la criminalidad genera pérdidas equivalentes al 1,7% del PIB nacional, unos 5.000 millones de dólares anuales. Mientras tanto, el paro de transportistas dejó un mensaje claro: la población exige seguridad y justicia ante una ola de violencia que no da tregua.
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