Marchas contra gobierno y Congreso
Al menos 19 personas resultaron heridas durante las protestas en Perú el fin de semana contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso. Las manifestaciones se concentraron en el centro de Lima, donde cientos de personas marcharon hacia las sedes de los poderes públicos.
La movilización contó con un fuerte dispositivo policial. En medio de los enfrentamientos, grupos de jóvenes lanzaron piedras, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra las fuerzas del orden. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos y perdigones de goma, lo que intensificó los choques.
La Policía Nacional informó que un agente sufrió quemaduras de primer grado por el impacto de una bomba molotov. A la par, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) registró 18 heridos, entre ellos un periodista que cubría la protesta.
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Denuncias por uso de la fuerza
La CNDDHH cuestionó la actuación de la policía durante los enfrentamientos. Su abogada Mar Pérez señaló que no existía justificación para el uso excesivo de gases lacrimógenos ni para agredir a los manifestantes. La organización pidió que se respete el derecho a la protesta y que se eviten acciones que pongan en riesgo a la población.
El domingo por la noche, otro grupo de manifestantes integrado por transportistas y miembros del colectivo juvenil Generación Z también salió a las calles. Ellos protestaron contra la corrupción y las extorsiones que, según denunciaron, afectan la vida cotidiana de la población. La policía dispersó nuevamente la movilización con gases lacrimógenos cuando los jóvenes intentaron superar una barrera de seguridad frente al Parlamento.
Una de las participantes, la ingeniera Adriana Flores, expresó que la protesta buscaba defender la vida y denunciar la criminalidad. “Marchamos contra la corrupción y contra la violencia que nos golpea todos los días”, afirmó.
Malestar social en aumento
Las movilizaciones se desarrollan en un contexto de creciente descontento social. El malestar se intensificó después de que el gobierno de Boluarte reglamentara una ley que obliga a los jóvenes a aportar a fondos privados de pensiones, a pesar de la precariedad laboral y de que más del 70% de la población trabaja en la informalidad.
La presidenta enfrenta niveles récord de impopularidad, mientras que el Congreso, con mayoría conservadora, también arrastra una baja aceptación por la percepción de corrupción que reflejan los estudios de opinión.
En paralelo, la inseguridad se convirtió en otra fuente de protesta. En los últimos seis meses, Perú ha registrado un repunte de extorsiones y asesinatos vinculados al crimen organizado, lo que mantiene a la ciudadanía en un clima de tensión y reclamos constantes.
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