El gobierno venezolano prepara un estado de excepción que otorga facultades especiales al presidente Nicolás Maduro frente a lo que denomina una “agresión de Estados Unidos”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez exhibió el decreto en un acto con diplomáticos en Caracas, donde aseguró que el mandatario puede activarlo en cualquier momento. El documento incluye la posibilidad de un control militar sobre servicios públicos, instituciones estratégicas e incluso el cierre de fronteras.
La medida se enmarca en un clima de tensión creciente, luego de que Washington movilizó ocho buques de guerra y un submarino nuclear hacia el Caribe, como parte de una operación contra el narcotráfico. Según el Pentágono, estas acciones destruyeron tres embarcaciones que presuntamente transportaban droga desde Venezuela, dejando un saldo de 14 personas muertas.
¿Por qué Caracas habla de “conmoción externa”?
Rodríguez explicó que el decreto busca preparar al país para una eventual ofensiva militar estadounidense. “El presidente suscribió el decreto de conmoción externa”, afirmó ante el cuerpo diplomático, al tiempo que advirtió que Venezuela “responderá con toda su fuerza” si se confirma una agresión.
Sin embargo, una fuente del propio gobierno aclaró que Maduro aún no firma el documento. La funcionaria presentó el texto como una muestra de que el Ejecutivo “tiene todo listo” para activarlo cuando lo considere necesario. Este detalle no pasó desapercibido y generó especulación sobre si se trata de una estrategia de presión internacional o un paso previo a medidas más severas.
El decreto se ampara en la ley de estados de excepción, que contempla la restricción temporal de derechos constitucionales. Con ello, el Ejecutivo obtendría un margen amplio para operar en materia de defensa, seguridad y administración de recursos sin necesidad de autorización inmediata del Parlamento.
¿Qué riesgos enfrenta Venezuela con esta decisión?
El anuncio encendió alarmas tanto dentro como fuera del país. Organizaciones de derechos humanos advierten que un estado de excepción podría derivar en mayor control militar sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Además, temen que esta medida limite libertades como la circulación, la protesta o el acceso a la información.
Para la oposición venezolana, el decreto funciona como una cortina de humo frente a la crisis económica y social que atraviesa el país. Por su parte, los aliados del gobierno lo defienden como un acto de soberanía frente al despliegue militar estadounidense.
Mientras tanto, Estados Unidos sostiene que sus operaciones en el Caribe tienen como único objetivo frenar el narcotráfico, pero el discurso de Caracas refuerza la narrativa de una amenaza externa.
El panorama luce incierto. Venezuela se mueve entre la posibilidad de un control total del Estado y la escalada de tensiones con Washington. Con un decreto listo para usarse en cualquier momento, la pregunta ahora es si Maduro dará el paso final hacia un escenario de confrontación abierta.
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