Gobierno detiene proyecto minero en Quimsacocha
El Gobierno de Ecuador anunció la suspensión del proceso de licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, impulsado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM). La decisión se fundamentó en los informes de la Prefectura de Azuay y el Municipio de Cuenca, que señalaron riesgos ambientales en la zona del páramo de Quimsacocha, a unos 30 kilómetros de Cuenca.
El proyecto, valorado entre 400 y 500 millones de dólares, planeaba extraer principalmente oro y cobre durante un periodo de 16 años, con una capacidad de 3.000 toneladas diarias. Según los cálculos iniciales, se preveía obtener alrededor de 925.000 onzas de oro, además de cantidades menores de plata y cobre.
Los informes locales alertaron sobre el posible impacto en el sistema de lagunas de Quimsacocha, fuente de agua para comunidades cercanas. Esta preocupación fue compartida por habitantes de la zona y organizaciones ambientales que han rechazado la iniciativa desde sus primeros avances.
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Movilización social contra el proyecto
El anuncio llegó después de una marcha multitudinaria realizada en Cuenca el 16 de septiembre bajo el lema “Quimsacocha no se toca”. En esa jornada, miles de personas expresaron su oposición al proyecto, con el respaldo de líderes sociales y del dirigente indígena Yaku Pérez, quien ha encabezado la defensa de los páramos andinos.
La comunidad sostiene que los más de 5,5 millones de toneladas de relave que quedarían en el territorio tras la explotación representarían un riesgo permanente para el ecosistema y la calidad del agua. Además, consideran que la reubicación de parte de los residuos en galerías subterráneas no garantiza la seguridad ambiental a largo plazo.
Las protestas reflejan un rechazo sostenido en la región. Para muchos habitantes, la actividad minera es incompatible con la preservación de los páramos, considerados estratégicos para el abastecimiento hídrico.
Consecuencias y próximos pasos
El presidente Daniel Noboa ya había adelantado el 12 de septiembre que veía una probabilidad “altísima” de que el proyecto no avanzara debido a la fuerte oposición social. Ahora, con la suspensión de la licencia, el futuro de Loma Larga queda en incertidumbre.
El Ejecutivo solicitó a las autoridades locales entregar todos los estudios técnicos y ambientales que respalden sus argumentos. Además, recordó que cualquier decisión definitiva deberá considerar posibles repercusiones legales para el país.
Mientras tanto, los sectores opositores celebran la medida como un triunfo ciudadano, aunque mantienen la vigilancia sobre nuevas decisiones oficiales. La empresa minera, por su parte, no ha emitido aún un pronunciamiento público sobre la suspensión.
Con esta resolución, el caso de Loma Larga se convierte en un nuevo capítulo del debate nacional sobre la explotación minera y la protección de los recursos naturales en Ecuador.
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