Operativo internacional desmantela red criminal
Las autoridades de Ecuador y Bélgica, con apoyo de Europol, realizaron una operación conjunta que permitió incautar 9,3 toneladas de cocaína en la ciudad de Guayaquil. El operativo concluyó con la detención de 12 personas, entre ellas un ciudadano serbio y 11 ecuatorianos. Además, las fuerzas de seguridad decomisaron tres vehículos blindados, cinco armas de fuego, siete dispositivos electrónicos y 27.000 dólares en efectivo.
Los investigadores detallaron que la red criminal contrataba compañías de seguridad privadas para infiltrar a sus miembros en los puertos del país. Estas mismas empresas adquirían armas y vehículos blindados, que luego pasaban a manos de bandas paramilitares. El cargamento de droga tenía como destino final Europa, donde las organizaciones buscaban expandir sus operaciones.
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Crisis de violencia en aumento
La incautación ocurre en un contexto de creciente violencia en Ecuador. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, durante el primer semestre de 2025 se registraron 4.619 homicidios, lo que representa un incremento del 47% respecto al mismo periodo del año anterior.
La provincia de Guayas, donde se realizó el operativo, se ubica como la segunda más afectada, con una tasa de 47,81 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En el ámbito nacional, el país alcanzó una tasa de 38 asesinatos por cada 100.000 personas, la más alta de América Latina.
Los expertos atribuyen este fenómeno a múltiples factores: el reclutamiento de adolescentes por parte de las bandas, la debilidad del Estado para enfrentar problemas estructurales y la concentración económica que ha impulsado mercados negros en sectores como la minería.
Tensiones por militarización y derechos humanos
Frente a este escenario, el presidente Daniel Noboa ordenó la militarización de varias zonas del país. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch han denunciado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y malos tratos cometidos por efectivos militares en sus operativos.
En paralelo, el gobierno presentó un proyecto de ley que busca regular los fondos de fundaciones, sociedades y ONG. La propuesta obliga a estas organizaciones a revelar el origen de sus recursos y a identificar a sus beneficiarios. Críticos como César Ricaurte, director de Fundamedios, advirtieron que la medida podría convertirse en un instrumento para silenciar voces críticas y restringir la labor de grupos opositores o humanitarios.
El hallazgo de la droga y el desmantelamiento de la red criminal marcan un golpe importante al narcotráfico, pero también reflejan la compleja crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, en la que el crimen organizado y las políticas gubernamentales se entrelazan en un panorama incierto.
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