Milei disuelve Vialidad y cede rutas a Gendarmería

¿Qué decidió el Gobierno sobre Vialidad?

Javier Milei firmó el Decreto 461/2025 que oficializa la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, transfiere las funciones de estos organismos al Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte y la Gendarmería Nacional.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes la decisión en conferencia de prensa. Lo hizo horas antes de que concluyan las facultades delegadas otorgadas al presidente por la Ley Bases. Adorni aseguró que «la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada», en referencia a la causa judicial por la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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¿Qué pasará con las funciones de estos organismos?

Con esta reestructuración, la Gendarmería asumirá las tareas de control y prevención del tránsito en rutas nacionales. A su vez, la Secretaría de Transporte se encargará del diseño y planificación de infraestructura vial, mientras que el Ministerio de Economía absorberá funciones operativas y administrativas.

Además, se anunció la creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Esta nueva entidad será responsable de fiscalizar las concesiones viales y supervisar la ejecución de contratos.

El Gobierno también informó que se licitarán 9.120 kilómetros de rutas, actualmente bajo jurisdicción estatal. La intención es reordenar y hacer más eficiente el sistema de transporte nacional.

¿Qué impacto tendrá esta medida?

Según cifras oficiales, la Dirección Nacional de Vialidad contaba con 5.184 empleados, distribuidos entre su sede central y 24 distritos en todo el país. El Gobierno estimó que la eliminación del organismo generará un ahorro anual de 100 millones de dólares.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, calificó la decisión como “una medida con peso simbólico”, al vincularla con irregularidades detectadas en la adjudicación de obras públicas en gobiernos anteriores.

En paralelo, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) dejará de existir como tal. Será reemplazada por una Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que se centrará exclusivamente en el ámbito aeronáutico. Las investigaciones sobre accidentes viales y ferroviarios pasarán a manos de la Secretaría de Transporte y de la nueva agencia reguladora.

Con estos cambios, el Ejecutivo busca una reducción del gasto público, una simplificación de estructuras y mayor eficiencia en la gestión vial.