Una jueza penal en Bolivia anuló la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien enfrentaba un proceso por presunta trata de personas en un caso relacionado con una menor de edad. La resolución también invalida todos los actos procesales e investigativos abiertos en su contra.
La decisión fue emitida este miércoles por la jueza Lilian Moreno, del Tribunal de Justicia de Cochabamba. “Se deja sin efecto cualquier acto de rebeldía y mandamiento de aprehensión judicial que pese sobre el señor Morales”, indica el fallo judicial, citado por la defensa del exmandatario y reproducido por diversos medios bolivianos. Sin embargo, el documento no detalla públicamente los fundamentos jurídicos que motivaron el sobreseimiento, lo que ha generado interrogantes tanto en la opinión pública como en sectores políticos del país.
Reaparición de un caso polémico
El caso se remonta a 2015, cuando Evo Morales fue acusado de mantener una relación sentimental con una menor de 15 años, con quien, según informes no confirmados oficialmente, habría tenido una hija al año siguiente. La joven formaba parte de la llamada «guardia juvenil» del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido liderado por Morales.
En 2019, durante el final de su gestión presidencial, la Fiscalía abrió una investigación por el delito de estupro —relación consentida con una menor entre 14 y 18 años—, pero el expediente fue archivado en 2020 tras no hallarse pruebas concluyentes.
No obstante, en 2024, la Fiscalía Departamental de Tarija reabrió el caso bajo una nueva figura legal: trata de personas. Según los fiscales, Morales habría otorgado beneficios económicos y sociales a los padres de la adolescente como presunto pago por su silencio, en un intento por encubrir la relación. Esta acusación renovó el interés mediático y judicial sobre el expresidente, y en octubre del mismo año se emitió una orden de detención en su contra.
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Refugio en el Chapare
Tras conocerse el mandamiento de aprehensión, Morales se refugió en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, zona conocida por su fuerte base de apoyo cocalero y leal al MAS. En este bastión político, sus seguidores organizaron anillos de seguridad para evitar una eventual captura por parte de las autoridades. Durante casi siete meses, el exgobernante evitó cualquier aparición pública que lo expusiera al arresto.
La anulación de la orden judicial representa un giro significativo en el caso. Si bien la defensa de Morales ha celebrado el fallo como una muestra de justicia, sectores de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la falta de transparencia en los motivos legales que llevaron a la jueza a cerrar el proceso.
Reacciones políticas y sociales
El tema ha reactivado las tensiones políticas en Bolivia. Voceros de la oposición han exigido explicaciones a la Fiscalía y al Órgano Judicial, argumentando que la anulación puede representar un retroceso en la lucha contra delitos de carácter sexual y de trata de personas. También han planteado dudas sobre la independencia del sistema de justicia.
Por otro lado, sectores afines a Morales han calificado el proceso como una persecución política disfrazada de causa penal, destinada a desprestigiar al líder indígena y evitar su eventual regreso a la escena electoral.
Situación legal de Morales
Aunque esta resolución representa una victoria judicial para Evo Morales, su situación legal aún está lejos de estar completamente resuelta. El exmandatario enfrenta otras investigaciones relacionadas con su gestión y su retorno al país tras la crisis política de 2019.
Por ahora, el fallo de la jueza Moreno le permite recuperar libertad de movimiento, mientras continúa el debate nacional sobre la politización de la justicia y la protección de derechos de menores en Bolivia.
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