La Corte Suprema de Argentina evitó una confrontación directa con el gobierno de Javier Milei al tomar juramento únicamente a uno de los dos jueces designados por decreto presidencial. Este jueves, el tribunal supremo le tomó juramento a Manuel García-Mansilla, un abogado ultraconservador, pero pospuso hasta la próxima semana la asunción de Ariel Lijo, un juez federal que ha recibido múltiples impugnaciones en su proceso de designación.
Esta decisión deja al máximo tribunal en una posición ambigua en su disputa con la Casa Rosada. Mientras Milei pretendía que ambos jueces estuvieran en funciones antes del 1 de marzo, fecha en la que inaugurará el año legislativo con un discurso ante el Congreso, solo García-Mansilla se sentará como magistrado en la Corte. Lijo, por su parte, solo podrá asistir como invitado hasta que la Corte determine su situación.
Designaciones por decreto: una estrategia controvertida
El gobierno de Milei celebra la designación como una victoria tras un año de intentos fallidos por conseguir la aprobación del Senado para sus candidatos. Apeló a su derecho constitucional de nombrarlos en comisión mediante decreto, pero la estrategia ha sido fuertemente cuestionada por la oposición y juristas que dudan de su legalidad.
Desde la redacción original de la Constitución en 1860, el presidente tiene la facultad de nombrar jueces cuando el Congreso está en receso. En aquel entonces, los traslados de los legisladores a Buenos Aires tomaban semanas, por lo que las sesiones ordinarias se celebraban entre mayo y septiembre. Sin embargo, la reforma constitucional de 1994 amplió el período legislativo de marzo a noviembre, lo que deja en duda la necesidad de una designación por decreto en la actualidad.
El único antecedente de una maniobra similar ocurrió en 2016, cuando el expresidente Mauricio Macri intentó nombrar dos jueces por decreto. Ante el rechazo generalizado, Macri cedió y optó por la vía legislativa. En esta ocasión, Milei sostiene que el Senado debía haber aprobado sus candidatos, argumentando que no tiene la potestad de rechazarlos por preferencias políticas o personales.
Las dudas sobre Lijo y el escándalo de la criptomoneda Libra
Ariel Lijo enfrenta una serie de cuestionamientos que complican su llegada a la Corte. Acumula más de 30 denuncias por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura y ha sido señalado por presuntos delitos como asociación ilícita, lavado de activos y soborno. A pesar de estas acusaciones, logró superar la evaluación en el Senado gracias al apoyo del peronismo, que buscaba negociar la designación de otros jueces.
Cuando parecía que Lijo asumiría su cargo, surgió el escándalo de la criptomoneda $Libra, un proyecto que Milei promovió y que resultó ser una estafa. La controversia afectó el respaldo legislativo a Lijo y frustró la votación final en el Senado.
La Corte Suprema decidió postergar su juramento hasta analizar su pedido de licencia como juez federal. Lijo argumentó que no puede renunciar a su cargo actual, como establece la ley, porque la estabilidad laboral en la Corte bajo un nombramiento en comisión no está garantizada. Si el Senado lo rechaza, solo podrá ocupar el cargo por un año.
García-Mansilla: de la crítica a la aceptación del decreto
A diferencia de Lijo, Manuel García-Mansilla no enfrenta acusaciones de corrupción, pero sus posturas ultraconservadoras han generado resistencia en el Senado. A pesar de ello, sus críticos reconocen que cuenta con un mayor respaldo académico y moral. Durante su defensa ante los legisladores, García-Mansilla aseguró que nunca aceptaría ser designado por decreto, ya que ello atentaría contra la división de poderes. Sin embargo, este jueves prestó juramento sobre la Biblia, dejando de lado sus anteriores objeciones.
Un escenario incierto para la Corte y el gobierno
La decisión de la Corte Suprema de dividir el proceso de juramento deja abierto el conflicto con el gobierno de Milei. Mientras García-Mansilla ya ocupa su cargo, el futuro de Lijo sigue en el aire. El oficialismo, por su parte, insiste en que la designación de ambos jueces es un hecho consumado.
El enfrentamiento entre la Corte y la Casa Rosada no parece haber llegado a su fin. La legalidad de los nombramientos por decreto sigue siendo cuestionada, y el Senado aún podría vetar a Lijo si decide someterlo a votación. La tensión entre los poderes del Estado sigue en aumento, y la batalla por la conformación de la Corte Suprema podría definir el rumbo de la justicia en Argentina en los próximos años.
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