La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha hecho fuertes declaraciones sobre la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden los derechos humanos, en el marco de las investigaciones que enfrenta su gobierno por las muertes de manifestantes y presuntas violaciones a los derechos humanos durante las protestas que marcaron el inicio de su mandato. Durante un evento sobre la Maestría en Derechos Humanos, la mandataria criticó la postura de ciertos organismos, acusándolos de priorizar la defensa de los criminales y de abandonar a las fuerzas del orden.
Boluarte señaló que el programa educativo que se presentaba en ese acto tiene como objetivo formar “ciudadanos defensores del Estado de derecho” y no “activistas extremistas”. En su discurso, también expresó su preocupación por los ataques a la democracia y las instituciones democráticas, atribuidos a ideologías colectivistas y estatistas que, según ella, buscan debilitar las bases de la sociedad. Para Boluarte, es esencial formar profesionales comprometidos con la defensa de la institucionalidad del gobierno y el respeto por las normas y las fuerzas del orden.
La presidenta de Perú no desaprovechó la oportunidad para hacer un fuerte reproche a las ONG, acusándolas de usar el discurso de los derechos humanos como un «arma ideológica» que socavaría la autoridad del Estado. “No podemos permitir que los derechos humanos sean privilegios de los criminales, mientras nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas eran abandonadas a su suerte», declaró Boluarte. En este sentido, señaló que muchas ONG financiadas con recursos internacionales priorizaban los derechos de los criminales, ignorando la labor de las fuerzas de seguridad.
Boluarte también alertó sobre lo que considera un “uso indebido de los derechos humanos” en algunos países, señalando que este concepto ha sido utilizado para justificar agendas que debilitan la seguridad, desestabilizan la democracia y atentan contra la soberanía nacional. En su opinión, los derechos humanos deben garantizar la libertad individual, el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica, sin ser utilizados como excusa para promover el caos o la impunidad.
Controversias y críticas a la gestión de derechos humanos
Las posturas de Boluarte sobre los derechos humanos han generado controversia desde el inicio de su gobierno, especialmente en relación con las muertes ocurridas durante las protestas. A pesar de que en su mensaje a la Nación en 2023 ofreció disculpas por los hechos, no ha asumido completamente la responsabilidad por las muertes y solo ha justificado las decisiones tomadas durante esos episodios.
El informe de Amnistía Internacional ha sido uno de los documentos más relevantes que señalan al gobierno de Boluarte, destacando que tanto ella como sus ministros podrían enfrentar responsabilidades penales por violaciones a los derechos humanos. En el informe, se indica que las decisiones tomadas por la presidenta y las autoridades peruanas fueron las que desencadenaron los fatales acontecimientos, con consecuencias letales para los manifestantes.
Además, el gobierno de Boluarte ha enfrentado críticas por no oponerse a ciertos proyectos de ley que vulneran los derechos humanos, como la ley de amnistía para personas condenadas por delitos de lesa humanidad. A pesar de las presiones internacionales, el gobierno no ha mostrado una postura firme en cuanto a la observancia de los derechos humanos, lo que sigue generando tensiones tanto dentro como fuera de Perú.
En resumen, mientras la presidenta Boluarte promueve una visión de derechos humanos vinculada a la defensa del Estado de derecho y la soberanía nacional, las críticas sobre la represión durante las protestas y las decisiones legislativas de su gobierno continúan siendo un tema central en el debate político y social del país.
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