La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se presentó este lunes ante la fiscalía en Lima como parte de una investigación en su contra por presunto abandono de cargo y omisión de actos funcionales. La diligencia, realizada en privado, inició a las 09:00 horas locales y podría extenderse por varias horas. Este caso se suma a las tensiones políticas que han marcado su mandato.
El origen de la controversia
El caso gira en torno a una cirugía de nariz a la que Boluarte se sometió entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023. Según las leyes peruanas, la presidenta debió informar al Congreso y al gabinete ministerial sobre cualquier complicación que pudiera limitar el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, esta notificación nunca se realizó, según reveló en diciembre de 2024 el exjefe de gabinete, Alberto Otárola, durante una comparecencia en el Congreso.
La fiscalía abrió el expediente el 5 de diciembre de 2024, indicando que Boluarte no comunicó su “impedimento temporal para el ejercicio del cargo”. Esta omisión ha desatado cuestionamientos legales y políticos sobre su gestión.
La versión de Boluarte
El 13 de diciembre de 2024, Boluarte confirmó públicamente la intervención quirúrgica, explicando que se trató de una operación necesaria para mejorar su funcionalidad respiratoria. “No fue una cirugía estética, sino una intervención imprescindible para mi salud”, aseguró, negando que el procedimiento le haya impedido ejercer sus funciones como presidenta.
A pesar de sus declaraciones, el Congreso ha mostrado interés en profundizar en el caso, con algunos legisladores insinuando que podría derivar en un pedido de destitución.
Acusaciones de deslealtad y crisis política
Boluarte calificó como “desleal” al exjefe de gabinete Alberto Otárola, quien reveló los detalles de la cirugía y su falta de notificación al Congreso. Otárola fue destituido en marzo por presuntos casos de tráfico de influencias y acoso sexual, lo que ha aumentado las tensiones en el entorno político de la presidenta.
Boluarte también denunció intentos de “quebrar el orden constitucional” por parte de sectores que buscan desestabilizar su gobierno. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado calmar las críticas, y las encuestas reflejan una desaprobación cercana al 94%.
Un mandato en la cuerda floja
A pesar de la creciente presión, Boluarte descarta la posibilidad de renunciar. En diciembre reafirmó su compromiso de concluir su mandato en julio de 2026. “Saldré por la puerta grande de Palacio”, afirmó, mostrando su determinación de enfrentar las controversias que rodean su gestión.
El desenlace de la investigación fiscal será crucial para definir el futuro político de Dina Boluarte y la estabilidad de su gobierno en un país marcado por constantes crisis institucionales.
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