Unión Europea sanciona a la fiscal general de Guatemala y funcionarios por presuntas acciones contra la democracia

El Consejo de la Unión Europea ha decidido imponer sanciones a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, junto con otros cuatro funcionarios del Ministerio Público del país, bajo acusaciones de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. Entre los sancionados se encuentran el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal Leonor Morales Lazo; el secretario general del organismo, Ángel Pineda Ávila; y el juez Fredy Orellana.

Según el comunicado emitido por la delegación de la Unión Europea en Guatemala, estas medidas incluyen la congelación de activos y la prohibición para los ciudadanos y empresas de la UE de poner fondos a disposición de los sancionados. Además, se establece una restricción de viaje que impide a estas personas ingresar o transitar por territorios de la UE.

Consuelo Porras fue previamente incluida en la Lista Engel de actores corruptos por parte de Estados Unidos en 2022, lo que resultó en la prohibición de ingreso a ella y a su esposo en ese país. Estas acciones fueron también motivadas por acusaciones de socavar la democracia.

Ante estas sanciones, el Ministerio Público de Guatemala emitió un comunicado en sus redes sociales rechazando enérgicamente los señalamientos, calificándolos de espurios, maliciosos y antidemocráticos. La institución denunció estos ataques como intentos de intimidación y coerción contra sus funcionarios, representando una amenaza para el régimen de legalidad en el país.

La fiscal general Porras ha sido objeto de acusaciones por parte del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien la ha señalado de conspirar para evitar su juramentación en enero pasado. Desde las elecciones de agosto del año pasado, el Ministerio Público ha sido objeto de investigaciones y acciones legales por parte de la administración de Arévalo, quien también ha enfrentado protestas populares exigiendo la renuncia de Porras y su destitución.

A pesar de la presión pública, Consuelo Porras ha afirmado su intención de permanecer al frente del Ministerio Público hasta mayo de 2026, cuando finaliza su mandato como fiscal general.