CIDH pone bajo escrutinio a las misiones médicas cubanas.
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Informe de la CIDH abre debate
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso bajo escrutinio a las misiones médicas cubanas, al documentar denuncias de posibles violaciones laborales y de derechos humanos contra personal sanitario enviado al extranjero. El reporte se elaboró con 71 testimonios y señala que la mayoría de los casos analizados se relaciona con Venezuela, donde estaba basado 83 por ciento de los testimonios regionales incluidos.
La CIDH reconoció que estas brigadas ampliaron durante décadas la cobertura de salud en zonas pobres de América Latina y otras regiones. Sin embargo, también advirtió que muchos trabajadores describieron condiciones “restrictivas y coercitivas”, con jornadas largas, información limitada sobre contratos y estructuras salariales que los dejaban en situación precaria frente a lo que los gobiernos anfitriones pagaban por sus servicios.
Salarios, control y restricciones
Entre los hallazgos aparecen denuncias sobre retención de salarios, vigilancia del comportamiento, límites a la libertad de movimiento y restricciones a la vida personal. El informe señala que en varias misiones el Estado cubano retenía parte del pago hasta el regreso a la isla, y algunos entrevistados afirmaron que perderían ese dinero si abandonaban la asignación antes de concluirla. También reportaron retención de pasaportes y controles sobre relaciones personales.
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Un programa con peso político y económico
Las misiones médicas cubanas comenzaron en 1963 y, según la CIDH, empleaban a más de 23 mil profesionales en 2023. Además de su dimensión humanitaria, el programa representa una fuente relevante de ingresos para el Estado cubano. La comisión indicó que en 2022 esos acuerdos generaron casi 5 mil millones de dólares, en medio de la crisis económica de la isla.
La Habana ha rechazado históricamente acusaciones similares y sostiene que las brigadas son voluntarias y solidarias. Aun así, el nuevo informe reaviva el debate sobre cómo preservar los beneficios sanitarios sin afectar los derechos de quienes los hacen posibles. ¿Puede reformarse el modelo sin perder su alcance internacional?
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