En un movimiento político inesperado que busca distensionar la crisis interna, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una Ley de Amnistía este 20 de febrero de 2026. La normativa, que ya ha sido enviada al Ejecutivo para su promulgación, abre la puerta a la liberación de cientos de detenidos y al cese de la persecución judicial contra figuras en el exilio.
Sin embargo, el texto final es el resultado de intensas negociaciones que han dejado fuera a sectores clave, lo que ha empañado el recibimiento de la medida por parte de organizaciones de derechos humanos.
Puntos clave de la Ley de Amnistía
El documento establece un marco jurídico para cerrar procesos judiciales vinculados a la conflictividad política de las últimas tres décadas:
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Alcance Temporal: Abarca 13 episodios específicos ocurridos entre 1999 y 2026, incluyendo las protestas post-electorales de 2024 y el proceso de primarias de 2023.
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Restitución de Derechos: Los beneficiarios recuperarán sus derechos políticos, permitiendo que figuras inhabilitadas puedan reinsertarse en la vida pública.
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Celeridad Judicial: Los tribunales tienen un plazo máximo de 15 días para otorgar las medidas de gracia una vez promulgada la ley.
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Garantía de no detención: Quienes soliciten el beneficio no podrán ser arrestados durante el proceso, y los exiliados podrán ser representados por sus abogados sin necesidad de comparecer físicamente.
Las zonas grises: ¿Quiénes quedan fuera?
A pesar del alivio parcial, la ley contiene exclusiones que han generado un fuerte debate sobre su verdadera capacidad de reconciliación:
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Militares excluidos: La norma deja fuera expresamente a 174 militares acusados de rebelión y traición a la patria, un sector que las ONG consideran fundamental para una amnistía completa.
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Delitos de Odio: No existe una mención explícita para quienes fueron procesados bajo la «Ley contra el Odio» por críticas en redes sociales, lo que mantiene en riesgo a periodistas y activistas digitales.
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Supervisión Parlamentaria: Se creará una comisión especial para revisar las exclusiones, lo que algunos analistas ven como un posible filtro político para retrasar liberaciones de alto perfil.
El contexto de los presos políticos
Según registros actuales, se estima que al menos 600 personas permanecen en centros de reclusión por motivos políticos. Aunque la ley promete un alivio sustancial, las familias de los detenidos mantienen la cautela ante la discrecionalidad que los tribunales puedan aplicar en la revisión de cada expediente.
«Es un paso adelante, pero una amnistía con exclusiones es una justicia a medias», señalaron voceros de organizaciones civiles tras la sesión parlamentaria.