En una jornada marcada por la movilización popular y el pulso institucional, el presidente Gustavo Petro firmó este 19 de febrero de 2026 el Decreto 0159, con el cual ratifica el aumento del 23,7% al salario mínimo. Ante una Plaza de Bolívar colmada en Bogotá, el mandatario aseguró que no retrocederá en su decisión, a pesar de la reciente suspensión provisional dictada por el Consejo de Estado.
El nuevo Decreto Transitorio
El documento firmado es una respuesta directa a la medida cautelar del alto tribunal, que había exigido al Gobierno sustentar técnicamente el incremento del salario para el año 2026.
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La cifra se mantiene: El salario mínimo básico queda fijado en $1.750.905, que sumado al auxilio de transporte, alcanza los $2.000.000 mensuales.
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Justificación técnica: A diferencia del decreto de diciembre, este nuevo acto administrativo incorpora estudios de la OIT y análisis del DANE sobre productividad laboral, inflación esperada (5,3%) y el concepto de «Salario Vital».
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Vigencia: El decreto tiene carácter transitorio mientras el Consejo de Estado emite una sentencia de fondo sobre la legalidad del incremento original.
«Salario Mínimo» vs. «Salario Vital»
Durante su discurso, Petro enfatizó un cambio de paradigma en la política laboral colombiana, introduciendo el término de «remuneración mínima vital y móvil» contemplado en el artículo 53 de la Constitución.
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Cierre de brechas: El Gobierno sostiene que el aumento busca corregir décadas de estancamiento salarial frente a la productividad.
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Poder adquisitivo: El Ejecutivo defiende que, pese a las críticas sobre posibles efectos inflacionarios, el incremento es necesario para dinamizar el consumo interno.
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Tensión institucional: El mandatario criticó lo que llamó «obstáculos de las élites» y las altas cortes, convocando a la ciudadanía a defender en las calles lo que considera una conquista histórica.
¿Qué pasará ahora?
La pelota vuelve a la cancha del Consejo de Estado, que deberá evaluar si los nuevos soportes técnicos aportados por el Ministerio del Trabajo cumplen con la Ley 278 de 1996. Mientras tanto:
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Las empresas deben continuar pagando los $2 millones de pesos mensuales establecidos.
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Los sectores de oposición y algunos gremios económicos mantienen su preocupación por el impacto en la informalidad y el cumplimiento de las metas de inflación del Banco de la República.
«Le hicimos caso al magistrado: metimos los estudios de productividad y canasta mínima que pidió. Ahora tenemos el nuevo decreto y no nos echamos para atrás», sentenció Petro al cerrar la manifestación.