¿Qué es un contracargo?
Un contracargo ocurre cuando un banco revierte un pago a favor del titular de la tarjeta que desconoce o disputa una compra. Este proceso se ha vuelto común en América Latina, y genera costos significativos tanto para emisores de tarjetas como para comercios electrónicos.
Cada contracargo puede costar entre USD 30 y USD 50, sin incluir el tiempo y recursos adicionales dedicados a la resolución. Para los comercios, representa devolución de fondos, pérdida de inventario, multas y más gestiones administrativas.
¿Por qué ocurren los contracargos?
Uno de los factores principales es el fraude amistoso, cuando el cliente desconoce una compra legítima por error. Este fenómeno representa más del 30% de las disputas y genera gastos evitables para bancos y comercios.
Además, cada contracargo requiere múltiples contactos con el banco emisor y puede tardar semanas en resolverse, afectando la experiencia del cliente y las tasas de aprobación futuras.
Soluciones tecnológicas
Ante esta problemática, han surgido herramientas como SolverX, desarrollada por GatekeeperX. La plataforma permite resolver disputas en 48 a 72 horas mediante un canal directo entre bancos, comercios y proveedores de pago.
Gracias a esta solución, los comercios pueden evitar pérdidas totales, reducir multas y proteger sus índices de aprobación. Los primeros resultados en Latinoamérica indican que entre 10% y 40% de los contracargos pueden resolverse positivamente si se notifica a tiempo.
Por ejemplo:
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Un comercio con 200 disputas mensuales puede ahorrar entre USD 12.000 y USD 48.000 al año.
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Un emisor con 1.000 compras desconocidas mensuales podría evitar pérdidas de hasta USD 54.000 anuales.
Cómo evitar el fraude amistoso
Los usuarios también pueden contribuir a reducir contracargos:
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Revisar estados de cuenta regularmente.
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Guardar comprobantes digitales o físicos.
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Activar alertas de compras en tiempo real.
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Verificar transacciones compartidas, si varias personas usan la misma tarjeta.
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Confirmar directamente con el comercio antes de reportar un cargo como desconocido.
De esta forma, se minimiza el riesgo de disputas innecesarias y se protege tanto al usuario como al comercio y al banco.