Venezuela rompe su modelo petrolero
¿Qué modifica la nueva Ley de Hidrocarburos?
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que cambia de forma profunda el esquema que rigió la industria petrolera durante casi 50 años. La normativa permite que empresas privadas nacionales y extranjeras participen de manera directa en actividades que antes quedaban reservadas al Estado, principalmente a Pdvsa.
Con este ajuste legal, el sector privado podrá asumir la gestión técnica y operativa de proyectos petroleros, una función que históricamente concentró la empresa estatal. Además, la ley abre la posibilidad de que estas compañías produzcan y comercialicen crudo, algo que desde la nacionalización de 1976 permanecía bajo control estatal.
Este giro marca una ruptura con el modelo de soberanía petrolera consolidado tras la estatización y reforzado durante los gobiernos de Hugo Chávez, cuando el Estado amplió su dominio sobre toda la cadena productiva.
¿Cómo cambia el papel del Estado y de Pdvsa?
La reforma mantiene la figura de las empresas mixtas, donde Pdvsa conserva al menos 50% de participación accionaria. Sin embargo, el socio privado podrá dirigir las operaciones, aun cuando tenga una participación minoritaria. Esto reduce el control operativo directo del Estado, aunque conserve presencia formal en los proyectos.
Otro cambio relevante aparece en el ámbito fiscal. La ley conserva la regalía petrolera de 30%, pero permite reducirla si la viabilidad económica del proyecto lo justifica. El Ejecutivo también podrá ajustar el impuesto sobre la renta y eliminar contribuciones especiales que se aplicaban cuando el precio del petróleo alcanzaba niveles extraordinarios.
Estas disposiciones buscan atraer inversión, pero también otorgan una alta discrecionalidad al gobierno para definir condiciones contractuales y fiscales caso por caso.
¿Por qué se considera una ruptura histórica?
La reforma elimina la obligación de que la Asamblea Nacional apruebe los contratos petroleros, limitando su papel a recibir información. Además, introduce la posibilidad de resolver disputas mediante arbitraje, un punto sensible en un país marcado por expropiaciones y litigios internacionales.
Las reacciones no se hicieron esperar. Sectores políticos y analistas críticos consideran que la ley debilita la soberanía energética y reduce a Pdvsa a un rol secundario. Otros especialistas ven la reforma como un primer paso para reactivar una industria golpeada por años de caída productiva, endeudamiento y falta de inversión.
El debate ocurre en un contexto de declive petrolero. Venezuela pasó de producir cerca de 2.8 millones de barriles diarios a menos de un millón, mientras la pobreza y la crisis económica se profundizaron. Para el gobierno, la apertura representa una vía para transformar las reservas petroleras en crecimiento y desarrollo. Para sus críticos, el desafío radica en si este nuevo marco legal logrará ese objetivo sin repetir errores del pasado.