Gobierno recorta presupuesto del Congreso
El recorte al presupuesto del Congreso para 2026 abrió un nuevo frente de tensión entre el Legislativo y el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente del Senado, Lidio García, afirmó que la reducción de recursos afecta el funcionamiento y la autonomía del Congreso, además de impactar directamente a trabajadores encargados de áreas clave como mantenimiento, tecnología y seguridad. El pronunciamiento surgió tras un informe administrativo que advierte riesgos operativos si no se amplía la asignación financiera.
De acuerdo con la Dirección Administrativa del Senado, la asignación aprobada para el próximo año asciende a 486 mil 548 millones de pesos. Esta cifra representa una disminución frente al ejercicio anterior y se mantiene muy por debajo de los recursos solicitados inicialmente al Ministerio de Hacienda. Según el documento, el monto autorizado no cubre obligaciones básicas ni incrementos inevitables como el ajuste inflacionario ni el aumento al salario mínimo.
Advertencia sobre servicios esenciales
La directora administrativa del Senado señaló que, sin una ampliación presupuestal, la corporación podría iniciar el año legislativo sin contratos fundamentales. Entre ellos se encuentran servicios de tecnología, esquemas de seguridad y el apoyo operativo de la Policía Nacional. Además, el recorte compromete la continuidad laboral de cerca de 70 trabajadores técnicos, varios de ellos en condición de discapacidad.
Este escenario, según el informe, no solo limita la operación cotidiana del Congreso, sino que también incrementa riesgos relacionados con la protección de la información institucional y la seguridad física de las instalaciones. Por ello, las autoridades administrativas solicitaron revisar la asignación para evitar afectaciones mayores durante el año legislativo.
Postura del presidente del Senado
Lidio García calificó la reducción presupuestal como una decisión que debilita a una de las ramas del poder público. En declaraciones públicas, sostuvo que disminuir los recursos del Congreso equivale a comprometer su independencia y su capacidad para cumplir funciones constitucionales. Además, afirmó que la medida impacta de forma transversal a todo el personal, desde áreas técnicas hasta servicios básicos como aseo y vigilancia.
El senador liberal también expresó que las consecuencias del ajuste no se limitan al ámbito institucional. Según explicó, muchas familias dependen de esos empleos y enfrentarán dificultades económicas si se concretan recortes de personal o cancelaciones de contratos. En ese sentido, consideró que el impacto social resulta tan relevante como el político.
Cruce de señalamientos políticos
García vinculó el recorte con el clima político actual y con la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. A su juicio, la reducción de recursos responde a tensiones surgidas por la falta de apoyo del Congreso a algunas iniciativas del Gobierno. Sin embargo, desde una perspectiva institucional, insistió en que el Congreso mantendrá sus actividades y no suspenderá su labor legislativa.
Mientras tanto, el debate continúa en un contexto marcado por otras discusiones fiscales y por ajustes presupuestales que afectan a diferentes sectores del Estado. El recorte al Legislativo se suma a las preocupaciones expresadas por gobernadores y alcaldes sobre la disponibilidad de recursos para 2026.
Escenario en desarrollo
El presidente del Senado anunció que buscará alternativas para garantizar la sostenibilidad financiera del Congreso y proteger su autonomía constitucional. Aunque el panorama luce complejo, afirmó que la institución seguirá operando y cumpliendo sus funciones. En los próximos meses, el tema podría escalar a escenarios de negociación política y revisión presupuestal, en medio de un ambiente institucional cada vez más tenso.