La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó que su partido analiza la posibilidad de presentar acciones legales contra el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez. Esto ocurre después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara archivar la acusación en su contra por la presunta financiación ilegal de las campañas de 2011 y 2016, conocida como el ‘caso cócteles’.
Fujimori afirmó que la decisión sobre presentar denuncias corresponde al partido y a los más de 40 acusados que pasaron por el proceso. Señaló que su caso estuvo marcado por prisiones preventivas, filtraciones mediáticas y allanamientos sin sustento legal, situaciones que describió como persecución política.
¿Qué implicaciones tiene el fallo del TC?
El Tribunal Constitucional, mediante el voto de cinco de sus siete integrantes, declaró fundada la demanda de la defensa de Fujimori y ordenó archivar el proceso. La resolución aclara que no se declara la inocencia ni culpabilidad de la lideresa, sino que se constata la inviabilidad legal de continuar con la imputación por carecer de sustento jurídico.
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, explicó que antes de 2016 no se consideraba que recibir dinero para financiar campañas podía constituir lavado de activos, y que la Fiscalía incorporó nuevos elementos en 2018 sin respetar el derecho de defensa. Por ello, el fallo del TC cuestiona la validez de todos los actos procesales previos, desde la apertura de la investigación preliminar en 2017.
¿Qué dijo Fujimori sobre la financiación de sus campañas?
Durante la rueda de prensa, Fujimori reiteró que las contribuciones para sus campañas provinieron de empresarios peruanos de prestigio, y no de la constructora brasileña Odebrecht. Además, insistió en que espera que las instituciones de justicia actúen sin sesgo político, señalando la necesidad de que el Ministerio Público y el Poder Judicial impartan justicia de manera imparcial.
Finalmente, la lideresa destacó que su declaración no busca un desagravio personal, sino resaltar la importancia del debido proceso y la transparencia judicial. Recordó la experiencia de su padre, Alberto Fujimori, y subrayó que su intención es garantizar que la justicia funcione sin persecuciones políticas, especialmente en el contexto de próximos procesos electorales.
En resumen, Fuerza Popular evalúa acciones legales contra José Domingo Pérez tras el fallo del TC, mientras el caso genera debate sobre la persecución política y la protección de derechos en procedimientos judiciales. La situación mantiene la atención en la política peruana y en la actuación de las instituciones de justicia.