Demanda por crímenes del caucho
Un grupo de jóvenes líderes indígenas del Perú presentó una demanda contra el Estado para exigir una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes cometidos durante el “boom del caucho” entre 1880 y 1920. La acción judicial busca esclarecer los hechos ocurridos en la Amazonía peruana, donde miles de personas indígenas sufrieron violencia, esclavitud y asesinatos durante la explotación del caucho.
El colectivo Tsiuni —que en idioma Kukama significa “escuchar”— reúne a cerca de treinta jóvenes del departamento de Loreto, la región amazónica más grande del país, fronteriza con Brasil, Colombia y Ecuador. El grupo presentó su demanda ante la Corte Superior de Justicia de Loreto, con el objetivo de obtener reconocimiento oficial y reparación por los crímenes que afectaron a sus pueblos.
“Nos organizamos desde el dolor”, expresó el colectivo en un comunicado, destacando que su propósito es sanar la memoria y garantizar que estos hechos no se repitan. Representantes de diez pueblos indígenas —entre ellos kukama, maijuna, secoya, murui, bora, tikuna, awajún, arabela, achuar y wampis— se unieron para visibilizar lo que consideran una deuda histórica del Estado peruano.
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El derecho a conocer la verdad
La demanda se sustenta en el derecho a la verdad, principio reconocido por el Tribunal Constitucional del Perú desde hace más de veinte años. Según el colectivo, todos los peruanos tienen derecho a conocer lo que ocurrió durante el auge del caucho y a aprender del pasado para evitar nuevas violaciones de derechos humanos.
Los jóvenes de Tsiuni sostienen que la violencia en la Amazonía es cíclica, y que las dinámicas de explotación persisten bajo nuevas formas. “Nunca se ha detenido”, afirmaron, señalando que empresas y grupos poderosos continúan afectando a las comunidades con la complicidad del Estado.
Además, criticaron la decisión del gobernador regional de Loreto de inaugurar el “Paseo del Caucho” en Iquitos en 2024, un espacio destinado al turismo, al que calificaron como un intento de banalizar el sufrimiento histórico de los pueblos amazónicos.
Una memoria que busca justicia
El colectivo recordó que la tragedia del caucho involucró a empresas y gobiernos extranjeros, entre ellos los de Brasil, Estados Unidos, Reino Unido y Barbados. Fue el diplomático irlandés Roger Casement quien documentó las atrocidades cometidas por la empresa de Julio César Arana, con sede en Inglaterra, al igual que los abusos registrados en África durante la misma época.
Mientras esperan una resolución judicial, los integrantes de Tsiuni continúan con su lucha legal y simbólica. Aspiran a que el Estado reconozca los hechos y que un fallo favorable les devuelva el derecho a conocer su historia, restituyendo así la dignidad y la memoria colectiva de los pueblos amazónicos.
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