Expansión de la minería ilegal en San Ignacio
La provincia de San Ignacio, en Cajamarca, enfrenta una crisis ambiental y social por la minería ilegal de oro que avanza sin control en la frontera con Ecuador. Un reciente informe periodístico reveló que existen 139 concesiones mineras en la zona, de las cuales 30 se superponen al río Chinchipe, fuente esencial para la agricultura local. Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), 16 de esas concesiones están tituladas, 13 en trámite y una extinguida.
El río Chinchipe, que nace en los Andes ecuatorianos y recorre más de 150 kilómetros en territorio peruano, sufre daños severos por la extracción aluvial con maquinaria pesada. Esta actividad afecta directamente sus afluentes, el Canchis y el Namballe, donde retroexcavadoras han destruido amplias zonas ribereñas. La proximidad con la frontera facilita el contrabando de oro y el ingreso de operadores ecuatorianos y colombianos que trabajan junto a mano de obra local.
De manera alarmante, las solicitudes de concesiones aumentaron de 12 expedientes entre 2015 y 2023 a 41 desde 2024, lo que triplica la cifra en menos de dos años. Aunque San Ignacio concentra más de la mitad de las concesiones tituladas de Cajamarca, solo 14 mineros figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
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Violencia y control del territorio
El avance de la minería ilegal ha generado conflictos y amenazas. Las rondas campesinas y autoridades locales formaron el Frente Ambiental y de Desarrollo Sostenible Integral de San Ignacio y Jaén para proteger su territorio. Sin embargo, esta defensa ha desatado una ola de violencia. En abril, el líder rondero Agapito Castillo Barco y los alcaldes de Jaén y La Coipa fueron emboscados durante una movilización ambiental.
Castillo advirtió que, si no se detiene esta situación, la provincia podría terminar como Pataz, en La Libertad, donde el sicariato y el contrabando dominan la economía minera ilegal. En la cuenca del Chinchipe operan alrededor de 400 maquinarias manejadas por unos 80 inversionistas, quienes emplean fuerzas de choque para proteger sus operaciones. Además, el negocio se complementa con el tráfico de combustible desde Ecuador y talleres clandestinos de mantenimiento.
Crisis ambiental y débil respuesta fiscal
La minería ilegal amenaza la producción cafetalera de San Ignacio, principal actividad económica de la provincia. Productores locales denuncian que la contaminación del río Chinchipe afecta cultivos de arroz y pastos ganaderos, mientras la minería paga salarios hasta seis veces mayores que el sector agrícola. Según Conservación Amazónica (ACCA), la actividad ha causado la deforestación de 126 hectáreas de bosques interandinos.
A ello se suma la falta de acción judicial. Desde la pandemia, al menos 12 personas murieron en zonas mineras sin que se esclarezcan los hechos. En agosto, la Fiscalía de Chiclayo abrió una investigación contra el fiscal José Tejada Ramos por presunta inacción frente a la minería ilegal.
Para enfrentar el problema, el Ministerio Público transformó la Fiscalía Mixta de San Ignacio en una Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). Su nuevo titular, Miguel Ángel Quijano Sena, ha iniciado 20 investigaciones en el distrito fronterizo de Namballe, donde la extracción continúa avanzando pese a las medidas adoptadas.
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