El próximo 30 de noviembre, Honduras celebrará elecciones generales para definir a su nuevo presidente, a los 128 diputados del Congreso Nacional y a 20 representantes del Parlamento Centroamericano. Estos comicios marcarán un momento clave para el futuro político del país, aunque existen preocupaciones sobre la transparencia y organización del proceso.
¿Qué pasó en las primarias?
Las elecciones primarias de marzo estuvieron marcadas por retrasos y problemas logísticos. En ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, los materiales llegaron con varias horas de demora, lo que obligó a algunos ciudadanos a votar de noche o incluso al día siguiente. En al menos dos centros electorales, la jornada tuvo que repetirse una semana después.
Estos incidentes derivaron en una crisis dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los tres consejeros que lo integran entraron en confrontaciones públicas. La situación llevó a la inasistencia del consejero Marlon Ochoa a las sesiones plenarias y a la intención de Ana Paola Hall de renunciar por amenazas contra ella y su familia.
¿Qué riesgos enfrenta el proceso electoral?
La parálisis en el CNE retrasó la adjudicación del contrato del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), herramienta clave para dar a conocer los resultados de manera ágil. Aunque el plazo legal venció en julio, no fue hasta el 5 de agosto que el consejo alcanzó un acuerdo sobre los términos del contrato. El Congreso Nacional decidió prorrogar el plazo hasta el 30 de agosto.
Observadores internacionales, tanto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como de la Unión Europea, han señalado que el diseño del CNE responde a un acuerdo político tras la crisis electoral de 2017. En él, los partidos Liberal, Nacional y Libre se repartieron el control de la institución, lo que, si bien refleja las principales fuerzas del país, limita la independencia del órgano y debilita su capacidad técnica.
¿Qué está en juego?
La falta de confianza en el CNE y los antecedentes de irregularidades generan dudas sobre la credibilidad del proceso electoral. Honduras se juega no solo la elección de nuevas autoridades, sino también la posibilidad de demostrar que es capaz de garantizar elecciones libres, transparentes y confiables.