Tribunal dicta severas sentencias
En El Salvador, un tribunal condenó a 28 años de prisión a los exministros Benito Lara y Arístides Valencia por fraude electoral y por integrar agrupaciones ilícitas en coalición con pandillas. Ambos fueron acusados de negociar con las estructuras criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha durante las elecciones presidenciales de 2014.
La Fiscalía General aseguró que los exfuncionarios, cercanos al expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), entregaron pagos a estos grupos para garantizar que comunidades bajo su dominio votaran por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En la lectura de la sentencia, la jueza declaró que existían pruebas suficientes para declararlos culpables. Lara, detenido desde hace un mes, anunció que apelará la decisión, mientras que Valencia continúa prófugo con orden de captura.
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Otros implicados reciben condenas
El mismo tribunal también sentenció a 18 años de prisión a tres acusados de realizar acuerdos con pandillas en 2014 y 2015. Se trata del exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, el periodista de origen alemán Arnd Richard Lüers, conocido como Paolo Lüers, y Wilson Alvarado, señalado como intermediario con las estructuras criminales.
De acuerdo con la investigación, los tres habrían financiado a las pandillas para obligar a comunidades a votar por el partido ARENA, en las presidenciales de 2014 y en los comicios legislativos y municipales de 2015.
Entre ellos, solo Muyshondt permanece bajo custodia. Lüers y Alvarado se encuentran prófugos con orden de detención.
Un país bajo régimen de excepción
Las condenas ocurren en medio de la “guerra contra las pandillas” impulsada por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022. La medida, amparada en un régimen de excepción, permite detenciones sin orden judicial y ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos.
El gobierno salvadoreño afirma haber detenido a más de 89.000 presuntos pandilleros, aunque unos 8.000 recuperaron su libertad al comprobarse su inocencia. Según las autoridades, estas acciones han reducido los índices de violencia, aunque el debate sobre la legitimidad de estas medidas continúa abierto.
Este fallo judicial marca un precedente en la historia reciente del país al establecer responsabilidad directa de exfuncionarios y líderes políticos en alianzas con estructuras criminales que buscaban manipular el rumbo electoral en El Salvador.
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