El Gobierno de Gustavo Petro oficializó la compra de 18 aviones de combate Gripen por un valor de 3.900 millones de dólares. La decisión quedó plasmada en el Conpes 4155 y el decreto 1001 del 18 de septiembre de 2025, documentos que definen el marco técnico y legal para el acuerdo con Saab, empresa sueca fabricante de las aeronaves. Este paso marca el inicio del proceso de renovación de la flota Kfir, en servicio por más de 30 años.
La administración sostiene que esta compra moderniza la defensa aérea y genera beneficios paralelos a través de las llamadas compensaciones industriales. Estas compensaciones permitirán inversiones en sectores estratégicos, como energía solar y salud, incluyendo la renovación del Hospital San Juan de Dios. Además, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que los primeros aviones podrían llegar en un año o más, dependiendo del ritmo de producción pactado con Saab.
¿Por qué hay críticas al modelo de ensamblaje?
A pesar de los beneficios anunciados, surgieron fuertes críticas desde el sector experto y académico. El motivo principal: los aviones serán ensamblados en Brasil, replicando el modelo que ese país adoptó hace una década y que ha resultado en retrasos considerables.
Analistas, como Sergio Araujo, advierten que Colombia podría enfrentar los mismos problemas logísticos. Araujo señaló que, tras más de diez años de contrato, Brasil solo ha recibido 8 de los más de 60 aviones pactados con Saab. Para él, esto pone en duda que los Gripen colombianos lleguen en los plazos estimados. Además, advirtió que depender de la cadena brasileña deja al país en una posición vulnerable, especialmente en temas de autonomía militar.
Otro de los riesgos mencionados es que Colombia ya opera otra plataforma clave, el Super Tucano, también brasileña. Esto acentuaría la dependencia tecnológica y logística de un solo país, lo que en términos estratégicos genera preocupación por la soberanía operacional.
¿Qué implican las cláusulas de compensación industrial?
Según el decreto 1001, los contratos de defensa con recursos públicos que superen los 3 millones de dólares deben incluir un componente de compensación industrial de al menos el 10 % del valor. Este porcentaje debe traducirse en proyectos de transferencia tecnológica, desarrollo industrial y cooperación público-privada.
El decreto también dispone la creación de un Comité Asesor, con delegados de los ministerios de Defensa, Comercio y representantes de los beneficiarios. Esta instancia definirá las áreas prioritarias, seleccionará los proyectos y hará seguimiento a su ejecución.
El Gobierno insiste en que esta adquisición no solo fortalece la defensa nacional, sino que impulsa la industria local. Sin embargo, las dudas sobre el modelo brasileño siguen vigentes, y muchos se preguntan si la urgencia de modernización justifica los riesgos a largo plazo.