Convocatoria presidencial y contenido del decreto
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el viernes la convocatoria a una consulta popular con el fin de que la ciudadanía decida si se instala una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución. El mandatario oficializó la decisión mediante un decreto en el que incluyó la pregunta para el referendo y dispuso que el Consejo Nacional Electoral organice el proceso.
La propuesta aún requiere una respuesta de la Corte Constitucional, que no se ha pronunciado hasta el momento. Esta situación genera expectativa sobre el curso legal que tomará la iniciativa, ya que el referendo plantea un cambio profundo en la estructura política del país.
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Opiniones encontradas entre juristas y especialistas
El anuncio provocó reacciones inmediatas de especialistas en derecho constitucional. El analista jurídico Ramiro Aguilar explicó que el presidente “tiene facultades plenas para someter a consulta popular lo que considere necesario, siempre que no contravenga tratados internacionales”. En contraste, el constitucionalista Gonzalo Muñoz advirtió que la medida representa “una ruptura del orden constitucional”. Según su criterio, Noboa debía solicitar antes un dictamen de la Corte Constitucional, tal como lo exige el procedimiento establecido en la ley.
El debate jurídico se enmarca en un escenario de tensiones entre el Ejecutivo y la Corte. Días atrás, el tribunal suspendió de forma temporal varios artículos de tres leyes impulsadas por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. La decisión incrementó la fricción política y llevó al presidente a sostener que el país necesita una Constituyente “que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional”.
Antecedentes y perspectivas para Ecuador
La posibilidad de una nueva Asamblea Constituyente evoca la experiencia de 2007, cuando el expresidente Rafael Correa impulsó un proceso similar. Ese mecanismo concluyó un año después con la aprobación, en referendo, de la actual Constitución que hoy rige en Ecuador.
Ahora, la propuesta de Noboa reabre el debate sobre la vigencia de ese texto constitucional y sobre el camino para modificarlo. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral deberá preparar la consulta popular, a la espera de un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional.
La decisión presidencial se produce en un contexto de inestabilidad política y de confrontaciones entre los distintos poderes del Estado. De confirmarse la consulta, la ciudadanía tendrá en sus manos la posibilidad de decidir sobre un nuevo rumbo institucional. El resultado marcará el futuro inmediato de Ecuador y definirá si el país emprende un proceso constituyente que transforme su marco jurídico y político.
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