Juez ordena medida cautelar
El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, deberá cumplir prisión preventiva por cinco meses mientras enfrenta un juicio por presuntos sobornos recibidos antes de su mandato presidencial. La decisión fue tomada este jueves por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien argumentó que existe peligro procesal y riesgo de fuga.
Durante la audiencia pública, el fiscal Germán Juárez detalló que las empresas adjudicatarias de las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua habrían pagado 2,3 millones de soles (611.000 dólares) a Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014). El juez subrayó que el expresidente no tiene arraigo laboral ni familiar en Lima, y cuestionó la validez de uno de los contratos laborales presentados, vinculando la empresa a su esposa e hijas.
Tras la resolución, la Policía Nacional condujo a Vizcarra a la carceleta del Poder Judicial, mientras el Inpe define su ingreso en la prisión de Barbadillo, donde también están recluidos los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Castillo. El magistrado precisó que la medida no implica culpabilidad, sino que busca garantizar la continuidad del proceso, en el que se solicita una pena de 15 años de cárcel.
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Argumentos y defensas
Vizcarra declaró ante el juez que mantiene confianza en el Poder Judicial, pese a lo que calificó como un “vía crucis” injusto. Asimismo, afirmó que su arraigo laboral es pleno, destacando sus viajes nacionales recientes vinculados a contratos laborales y a la actividad política con el partido Perú Primero, con miras a las elecciones generales de 2026. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los contratos presentados solo buscan aparentar arraigo y que no existe vínculo formal de asesoramiento con el partido.
El fiscal Juárez resaltó la gravedad de los delitos imputados y reiteró que Vizcarra podría fugarse antes de la sentencia, considerando su proselitismo político y las inconsistencias en los contratos de trabajo presentados. Por su parte, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, apeló la decisión, asegurando que el expresidente no se encontraba en Lima cuando supuestamente recibió los pagos ilícitos en 2016.
Acusaciones y antecedentes
La Fiscalía afirma que Vizcarra solicitó un 2 % de comisión para la obra de irrigación Lomas de Ilo en 2013, traducida en pagos de 400.000 y 600.000 soles, registrados como préstamos en los libros de la empresa Obrainsa. Los exejecutivos confirmaron estos pagos mediante procesos de colaboración eficaz.
En cuanto a la ampliación del Hospital de Moquegua, se acusa a Vizcarra de condicionar la adjudicación de la obra al pago de 1,8 millones de soles (510.000 dólares). La última entrega de dinero habría ocurrido en 2016, cuando ya ocupaba los cargos de ministro de Transportes y vicepresidente bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, a quien luego sucedió como presidente en 2018.
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