Buenos Aires, Argentina — La posibilidad de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acceda al beneficio de prisión domiciliaria fue rechazada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes presentaron un dictamen ante el Tribunal Oral Federal 2 solicitando que se niegue la solicitud presentada por su defensa.
En un documento de diez páginas, los fiscales argumentaron que no existen fundamentos humanitarios que ameriten una medida excepcional como el arresto en su residencia del barrio Constitución. Si bien la dirigente de 72 años cumple con el requisito etario para solicitar el beneficio, el Ministerio Público Fiscal aclaró que la ley otorga discrecionalidad al tribunal y no establece obligatoriedad para concederlo.
Uno de los puntos clave del dictamen es el informe socioambiental realizado en su domicilio, donde se concluyó que Kirchner mantiene un buen estado general de salud, lo que, según los fiscales, descarta la necesidad de otorgarle el beneficio por razones médicas.
La defensa de la exmandataria planteó como argumento los riesgos a su integridad derivados del intento de magnicidio ocurrido en 2022. No obstante, la fiscalía sostuvo que tales riesgos podrían ser atendidos adecuadamente en una unidad penitenciaria especialmente equipada, una alternativa ya contemplada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Además, el Ministerio Público recomendó que, en caso de que el tribunal decida otorgar la prisión domiciliaria, se imponga el uso obligatorio de un dispositivo de monitoreo electrónico, rechazando la postura de la defensa que lo consideró innecesario.
En paralelo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su preocupación por el impacto que la presencia de la exmandataria en su domicilio podría generar en la zona, citando la alta densidad poblacional y el riesgo de alteraciones al orden público debido a posibles manifestaciones.
Mientras tanto, Kirchner —condenada a seis años de prisión por hechos de corrupción en la causa Vialidad— anunció que se presentaría voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py, lo que ha detonado una masiva movilización convocada por el peronismo. De acuerdo con estimaciones, entre medio millón y un millón de personas podrían acompañarla en una marcha desde su domicilio, un evento que el gobierno del presidente Javier Milei buscaría evitar mediante una notificación judicial remota.
La resolución final está en manos del juez Jorge Gorini, quien podría emitir su fallo en las próximas horas. De ser rechazada la domiciliaria, Kirchner sería trasladada a una unidad penitenciaria, hecho que marcaría un punto de inflexión en la historia política y judicial reciente del país.