Presidente exige firma inmediata para consulta popular
El presidente Gustavo Petro lanzó un ultimátum a su gabinete para que firme de inmediato el decreto que oficializa la convocatoria a una consulta popular, pese al rechazo del Congreso. En un mensaje contundente publicado el sábado 7 de junio en su cuenta de X, Petro advirtió: “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”. Con esta declaración, el mandatario busca acelerar la aprobación del documento que impulsa la participación directa de la ciudadanía.
Esta medida ocurre en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, luego de que el Congreso rechazara la solicitud de consulta el 14 de mayo. Desde la Casa de Nariño, el Gobierno argumenta que el Legislativo no resolvió adecuadamente un recurso presentado, lo que justifica la convocatoria vía decreto presidencial.
Controversia y reacciones en el país
La decisión ha provocado fuertes críticas de la oposición, que denuncia una posible vulneración al Estado de derecho y a la separación de poderes. David Luna, del Centro Democrático, calificó la actitud de Petro como autoritaria y comparó la situación con el liderazgo del expresidente venezolano Hugo Chávez.
Además, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, elevó una alerta ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señaló que la acción del Ejecutivo representa una “grave alteración del orden constitucional en Colombia” y una amenaza al pilar democrático de la separación de poderes. Esta alerta contó con el respaldo de abogados y organizaciones de derechos humanos.
Por su parte, Petro sostiene que su actuar está respaldado por la voluntad popular y reafirmó que “el poder presidencial es poder del pueblo”.
Situación judicial y próximos pasos
La tensión se profundiza tras un fallo judicial que ordenó al presidente del Senado responder una apelación presentada por la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico. La apelación cuestiona la manera en que se cerró la votación que negó la consulta popular. El juez estableció un plazo de 48 horas para la respuesta, pero Cepeda asegura que la apelación ya fue resuelta previamente, defendiendo la legalidad de su actuación.
De firmarse el decreto presidencial, se abrirá un nuevo capítulo en la disputa entre Ejecutivo y Congreso. Este hecho alimentará el debate sobre los límites del poder presidencial y la legitimidad de usar mecanismos extraordinarios para impulsar consultas o reformas fuera de los canales tradicionales.