La Contraloría General de la República encendió las alertas tras revelar una investigación que involucra a más de 25 mil funcionarios públicos chilenos que habrían hecho uso irregular de licencias médicas entre 2023 y 2024. El caso ha escalado rápidamente y podría convertirse en uno de los mayores escándalos administrativos de los últimos años en el país sudamericano.
Funcionarios con incapacidad médica viajaron al extranjero
Según detalló la contralora Dorothy Pérez ante el Senado, el organismo detectó que al menos 25,078 empleados públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica, lo que representa un posible fraude al fisco y una falta grave a la ética del servicio público.
La información fue obtenida mediante el cruce de datos entre el sistema de licencias y los registros migratorios proporcionados por la Policía de Investigaciones (PDI). La mayoría de los viajes ocurrieron entre septiembre y diciembre, coincidiendo con la temporada de vacaciones en Chile.
Instituciones más afectadas por el uso irregular de licencias
Entre las entidades con mayor número de casos destacan:
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Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI): 2,280 funcionarios.
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Fundación Integra: 1,934 funcionarios.
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Municipalidad de Arica: 719 funcionarios.
Además, se registraron viajes a destinos internacionales como Europa y Estados Unidos, e incluso algunos funcionarios aprovecharon sus licencias para cursar estudios en el extranjero. También se reportaron desplazamientos dentro del país, lo que ha llevado a la Contraloría a buscar mecanismos más robustos para detectar estos movimientos de forma sistemática.
La investigación se amplía a policías y Fuerzas Armadas
La Contraloría anunció que la investigación se extenderá a Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de esclarecer si estas prácticas también se presentan en cuerpos uniformados.
Asimismo, se analiza la posible existencia de una red de emisión de licencias médicas fraudulentas, lo que podría implicar a profesionales de la salud en la entrega de certificados sin justificación médica válida.
Gobierno promete sanciones severas contra los funcionarios
El presidente Gabriel Boric se pronunció firmemente sobre el tema al declarar que los funcionarios involucrados “deben ser destituidos”. Añadió que su administración no tolerará abusos de este tipo y que se deben aplicar “sanciones drásticas y categóricas”.
Este escándalo ya ha provocado varias renuncias de alto perfil, incluyendo:
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Marco Barraza, exasesor del Ministerio del Trabajo.
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Iván Mendoza, exvicepresidente del Colegio Médico.
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Raúl Domínguez, funcionario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y cercano al presidente Boric.
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Eduardo Espinoza, alcalde de Macul, también fue señalado.
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