El Congreso de Chile ha dado luz verde a una reforma en el sistema de pensiones, marcando un hito en la estructura previsional del país. Con 110 votos a favor y 38 en contra, la medida supone la mayor modificación desde que se instauró el modelo de capitalización individual en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric, introduce un cambio clave: por primera vez en 43 años, los empleadores volverán a aportar a las pensiones de sus trabajadores.
Un debate que se extiende por décadas
El proyecto aprobado no es una propuesta reciente. Durante los últimos 15 años, diferentes gobiernos intentaron modificar el sistema previsional, sin lograr avances significativos. Presidentes como Michelle Bachelet y Sebastián Piñera promovieron cambios, pero solo consiguieron ajustes menores. La iniciativa actual, tras largas negociaciones, logró reunir apoyo tanto del oficialismo como de la coalición opositora Chile Vamos, mientras que sectores de ultraderecha y otros legisladores disidentes votaron en contra.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, destacó la relevancia de este cambio, señalando que durante décadas la carga del ahorro previsional ha recaído exclusivamente en los trabajadores. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó que Chile ha operado bajo un sistema de pensiones sustentado solo en la capitalización individual, dejando de lado la solidaridad intergeneracional.
Principales modificaciones al sistema previsional
Uno de los cambios más significativos es el incremento gradual de la cotización obligatoria del 10% actual al 17%. De este aumento, un 7% será financiado por los empleadores, reduciendo la brecha entre los ingresos laborales y las pensiones. Además, se fortalecerá la Pensión Garantizada Universal (PGU), un subsidio estatal dirigido a quienes reciben las jubilaciones más bajas.
Otra medida relevante es la compensación para las mujeres, quienes, en promedio, reciben pensiones menores debido a brechas salariales y lagunas previsionales derivadas de labores de cuidado no remuneradas. Esta disposición busca reducir la desigualdad de género en las jubilaciones.
Un modelo mixto de administración
Uno de los puntos más debatidos fue el rol de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), instituciones privadas que gestionan el ahorro previsional de los trabajadores. Si bien la propuesta original del Gobierno buscaba su eliminación, la reforma aprobada mantiene su existencia, pero abre la puerta a nuevos actores en la administración de fondos, promoviendo mayor competencia.
Carolina Tohá, ministra del Interior, explicó que la reforma rompe con el monopolio de las AFP, incorporando un componente de seguro social que permitirá una administración diversificada de los fondos.
Impacto político y perspectivas futuras
Para el Gobierno de Boric, la aprobación de esta reforma representa un logro significativo, especialmente después del rechazo ciudadano a su propuesta de nueva Constitución en 2022. Con elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para 2025, el oficialismo busca consolidar este avance como una de sus principales cartas de gestión, mientras que la oposición tradicional aspira a cerrar un debate que se ha extendido por décadas.
La aprobación de la reforma no estuvo exenta de críticas. Algunos sectores consideran que el cambio no es suficiente, mientras que otros temen efectos negativos en el mercado laboral. Sin embargo, el proyecto ha sido calificado como un paso necesario para mejorar las condiciones de los jubilados y fortalecer el sistema de seguridad social en Chile. Ahora, la ley espera su promulgación por parte del presidente Gabriel Boric, marcando el inicio de una nueva etapa en el sistema previsional chileno.