Save Democraty: Urgente el repudio Latinoamericano al Gobierno de Nicaragua por grave y sistemática violación a los Derechos Humanos de sus Ciudadanos

Save Democracy expresa su más profundo repudio a la violación sistemática, y cada vez más frecuente, de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo la privación ilegítima de la libertad y la flagrante violación del derecho a la nacionalidad y a la propiedad privada de numerosos nicaragüenses por intentar ejercer la libertad de expresión, la libertad de asociación y otros derechos políticos y sociales de carácter universal.

Las recientes reformas legislativas adoptadas por el gobierno de Daniel Ortega contravienen el derecho internacional en particular la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre Derechos Humanos.  En este gravísimo contexto socio-político, el régimen de Daniel Ortega continúa reprimiendo cualquier intento de renacimiento democrático.

En este sentido, Save Democracy insta al gobierno de Nicaragua a que garantice inmediatamente los derechos humanos de los ciudadanos, incluyendo el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la propiedad privada y, en este mismo sentido, exige la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por ser opositores políticos, incluyendo a quienes participan en organizaciones de la sociedad la civil y defienden los derechos de las mujeres.

Save Democracy exhorta a que el gobierno de Nicaragua adopte pasos urgentes para la recuperación democrática y el Estado de derecho, y se abstenga de seguir adoptando acciones autocráticas contra los defensores de los derechos humanos o contra las personas que expresen opiniones críticas.

Asimismo, Save Democracy invita a la comunidad internacional y, especialmente, a los países democráticos de América Latina y el Caribe a que se expresen contundentemente en contra de estas acciones totalitarias, y solidariamente brinden apoyo a los ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad y propiedad privada.